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23 de Marzo de 2017 Visitado 13094 veces

La venta de facturas escapa del control de Impuestos Nacionales

Un aproximado de 50 mil contribuyentes que son empresas jurídicas que tienen otros agentes de retención (contribuyentes) aportan al crédito fiscal cada mes en el departamento, pero un número indeterminado compra facturas.


La venta de facturas escapa del control de Impuestos Nacionales

Un aproximado de 50 mil contribuyentes que son empresas jurídicas que tienen otros agentes de retención (contribuyentes) aportan al crédito fiscal cada mes en el departamento, pero un número indeterminado compra facturas para evitar que se le realicen descuentos en su sueldo.

La gerente distrital de Impuestos Nacionales en Cochabamba, Paula Balderrama, indica que “nadie puede comprar ninguna factura porque no es válido beneficiarse de un crédito fiscal”.

“Esas facturas que las compran no son válidas, si bien en su momento las están declarando mensualmente, llenando el Formulario 110, nosotros, como Impuestos Nacionales, tenemos procedimientos que establece la Ley 2492 para controlar, verificar y fiscalizar”, aseveró Balderrama.

Este medio logró conversar con dos personas que presenciaron o conocieron de este delito. Según sus testimonios, los gerentes de empresas o personas que ganan altas sumas de dinero que van desde los 7 mil bolivianos por mes compran facturas a las personas que no necesitan llenar cada 30 días el formulario RC-IVA.

“Ellos dan su número de cédula de identidad y nombre para que nosotros facturemos a su nombre. Pagan entre el 2 por ciento del total de las facturas que les des, pero el porcentaje que ofrecen varía y va desde el 1,5 por ciento hasta un 5 por ciento”, cuenta una entrevistada, Valeria (nombre inventado).

Otro de los entrevistados, Pedro (nombre inventado), asegura que la compra de las facturas en el 2 por ciento del total se da en los trabajadores dependientes a quienes les sirve de descargo para que se les descuente el impuesto del RC-IVA en su planilla de sueldo.

Este dato es corroborado por el abogado experto en legislación Tributaria Marcelo Gonzales Yaksic, quien afirma que la normativa indica que la factura para el descargo debe cumplir con al menos 10 requisitos; los más importantes: “contar con el respaldo de medios fehacientes de pago cuando la factura refiera a transacciones mayores o iguales a 50 mil bolivianos y ser evidentemente un gasto de consumo, es decir, que en términos racionales se vincule con una actividad normal familiar”.

Gonzales pone de ejemplo que el Servicio de Impuestos Nacionales puede depurar una factura informada por un dependiente por la compra de 100 botellas de 2,5 litros de Coca Cola, ya que no existe la familia que consuma esa cantidad de refresco en un mes.

"Reparos"

Asimismo, un comprador de facturas con el que conversó este medio indica que, cada mes, compra facturas a su nombre a dos o tres personas porque, de otro modo, no reuniría lo suficiente para evitar descuentos en su sueldo que llegan casi a los 33 mil bolivianos por mes.

Sin embargo, entre las fiscalizaciones que Impuestos realiza cada año está la verificación del RCV-IVA, donde se observa que el contribuyente haya realizado realmente la transacción. En caso de que no haya ocurrido esto, se le pide un “reparo” (pago) por las facturas depuradas.

“Uno en cualquier momento puede ser fiscalizado y si no demuestra que la factura es válida y que se realizó la transacción, se depura y ahí se saca el reparo, que va desde los mil hasta los 30 mil bolivianos dependiendo de los periodos”, alerta Balderrama.

Gonzales añade que la compra y venta ilegal de facturas se debe a distorsiones del sistema tributario, que en 31 años no cambió la situación fiscal de miles de dependientes que compran en mercados informales sin facturas, como en La Cancha, además de los gastos de transporte, compras en tiendas de barrio, pagos a los bancos por préstamos, etc., que obligan a los dependientes a igualar sus ingresos con gastos documentados en facturas falsas.

“El principal defecto radica en que no todos los contribuyentes somos iguales ante la ley, pese a que los gobernantes han introducido este concepto en la nueva Constitución. No se cumple para nada. Por el contrario, favorece más a los informales comerciantes, transportistas, cocaleros, agropecuarios, liberándoles del deber de facturar”, dice Gonzales.

 
Imágenes tomadas de la Fuente o de Internet.



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